Se puede considerar a la brecha digital en su contexto más general como la desigualdad que existe entre la población para acceder a los recursos de información y tecnologías disponibles.
La brecha digital es producto de la evolución natural de la sociedad y la tecnología. Los adelantos tecnológicos han proporcionado ventajas competitivas a los grupos sociales que los impulsaron.
El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en los últimos años, si bien sigue existiendo una brecha entre los usuarios y no usuarios (brecha digital) que se puede atribuir a una serie de factores: la falta de infraestructura (en particular en las zonas rurales), la falta de conocimientos de informática y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información, o la falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer.
En los últimos cinco años, los países de América Latina y el Caribe han realizado progresos significativos en la puesta en marcha de infraestructuras de telecomunicaciones y en el desarrollo de los servicios de alta velocidad de acceso a Internet, también llamados de banda ancha (Galperin, 2013a). Los principales problemas se concentran en la cobertura de determinadas áreas rurales de la Región Andina y Centroamérica y en el precio final para los y las usuarias, lo que conlleva que una mayoría de los hogares cubiertos no puedan afrontar el coste y permanezcan de hecho desconectados. Los análisis comparativos también muestran una gran dispersión de las situaciones de acceso entre países latinoamericanos.
Las capitales nacionales, provinciales y los principales centros urbanos en general tienen un desarrollo notable de las redes, mientras que las pequeñas ciudades y las áreas rurales no disponen todavía de una red de telecomunicaciones bastante eficiente (Barbero, 2011). Ello implica que muchas personas permanezcan fuera de la cobertura de la red y muchas otras, aun dentro del área de cobertura, no puedan asumir los altos costes del servicio. Estas brechas constituyen un obstáculo relevante para el desarrollo de tales regiones y para la inclusión de los grupos socioeconómicos menos privilegiados. A la par, el sector público necesita trabajar para garantizar la calidad del servicio y la cobertura universal de telefonía y banda ancha. La migración desde la tercera hacia la cuarta generación de redes móviles (3G y 4G) requiere atender a un tráfico creciente, a un incremento de la demanda de las infraestructuras existentes, a una mayor capacidad troncal y a la localización del espectro radioeléctrico.
Gráfico 1. Valores comparados del índice de desarrollo de TIC de los países latinoamericanos con las medias globales, y de los Estados desarrollados y en vías de desarrollo, 2013. Fuente: ITU (2014, p.101)
Esta desigualdad en el acceso a las telecomunicaciones lleva aparejadas unas determinadas consecuencias en cuanto a la concentración del acceso en las élites socioeconómicas, mayor cuanto menor es la penetración de Internet en el país, y una discriminación en la cobertura y condiciones de acceso para las áreas rurales, lo que repercute en nuevas exclusiones de la economía del conocimiento y de la arena pública para las mayorías sociales en estos países (La Rue, 2011).
Gráfico 2. Plan de banda ancha fija más barato en 2013 (USD, país). Fuente: Galperin (2013b, p.7).
Los buenos resultados de algunos países como
Venezuela y Uruguay se explican sobre todo por las agresivas políticas de acceso universal a la banda ancha implementadas mediante el operador público. En Estados como Brasil, tales políticas se han implementado a través de sociedades coparticipadas por el Estado y los operadores privados. En el otro extremo, en Estados como México, la acumulación de políticas para promover la globalización y la competitividad han dado como resultado precios que son dos veces los de Brasil y están el 55% por encima de la media de la región.
Venezuela y Uruguay se explican sobre todo por las agresivas políticas de acceso universal a la banda ancha implementadas mediante el operador público. En Estados como Brasil, tales políticas se han implementado a través de sociedades coparticipadas por el Estado y los operadores privados. En el otro extremo, en Estados como México, la acumulación de políticas para promover la globalización y la competitividad han dado como resultado precios que son dos veces los de Brasil y están el 55% por encima de la media de la región.
Aunque, en Latinoamérica, la mayoría de planes en este segmento ofrecen tarifa plana (sin límites en la descarga de datos), este indicador representa el segmento de mayor volumen del mercado y permite más comparaciones con los países de la OCDE, como se observa en el Gráfico 3.
Gráfico 3. Plan de banda ancha fija más barato de más de 2,5Mbps en 2013 (USD, país). Fuente: Galperin (2013b, p.9).En este segmento, la dispersión de precios en los países de la región se confirma y es más alta que respecto a los planes de conexión básica, destacándose la situación de Bolivia, donde los precios son mucho más altos que la media regional de 73 USD. Algunos países han implementado iniciativas públicas para la universalización de un acceso de banda ancha consiguiendo unos precios muy competitivos en este segmento de servicios medios, como Uruguay y Brasil. Sin embargo, en el caso de Venezuela, se hace evidente la distancia entre los precios de los servicios de conexión básica subsidiada y los del segmento siguiente de mayor calidad, que no se encuentra subsidiado.
En Ecuador, la Constitución de 2008 supone un marco normativo muy favorable a la expansión de las infraestructuras técnicas abiertas. Por un lado, el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación se declara como derecho universal (art. 16.2) y se establece el deber general del Estado de «promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y, en general, las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada» (art. 277.6).
En 2011, Ecuador lanzó el Plan Nacional de Banda Ancha, que promueve la disminución de la brecha digital, con el objetivo de que el 75% de la población tenga acceso de calidad a una conexión a Internet en 2017, satisfacer la demanda de servicios y promover una reducción de precios. En la actualidad, entre el 33% y el 66% de os usuarios de Internet tienen una velocidad de banda ancha de entre 2 y 3 Mbps, con un coste de entre veinte y veinticinco USD al mes (FOTN, 2013). En mayo de 2012, la Superintendencia de Telecomunicaciones había indicado que la velocidad media de la conexión a Internet en Ecuador es de 128Kbps. Aunque esta velocidad es menor en las áreas rurales, los precios de acceso son consistentes con las urbanas. En junio de 2014, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) estableció una nueva definición de la banda ancha conforme a la resolución TEL 431-13-CONATEL-20142.
Combatir la Brecha Digital
Bajo la responsabilidad del MINTEL ejecutado por el operador estatal, la CNT, el Gobierno Nacional establece políticas públicas para garantizar a todos los ecuatorianos el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el sector de telecomunicaciones.
El PNC fue creado para mejorar los indicadores de cuatro servicios:
- Incremento de telefonía fija
- Incremento de internet banda ancha
- Inclusión social: telecomunicaciones para todos
- Mejoras en la atención al ciudadano
La globalización de hoy y la convergencia tecnológica basadas en el uso de las TICs ha contribuido que existan más empresas creadas alrededor de las tecnologías que en otros segmentos de la economía, destacando aquí la innovación liderada por países donde la brecha digital es prácticamente inexistente. Como consecuencia, para el profesional de hoy no solo es necesario conocer el uso de las TICs sino más importante aprender y adaptarse de forma independiente al uso y desarrollo de las mismas.
REFERENCIA:
MINTEL
ARCOTEL
CNT
SERCOP
MINTEL
ARCOTEL
CNT
SERCOP
